• El déficit actual del sistema se debe, sobre todo, a su reforma laboral, que ha precarizado el empleo y ha provocado la devaluación de los salarios, hundiendo los ingresos de la Seguridad Social

• El Gobierno mantiene un sistema de financiación basado en endeudar, cargando con gastos que no le corresponden y consumiendo el Fondo de Reserva para fomentar los planes privados de pensiones

• UGT propone medidas que supondrían una reducción de gastos y un aumento de ingresos de entre 18.000 y más de 20.000 millones de euros, que harían desaparecer el déficit de la Seguridad Social

La Unión General de Trabajadores considera que no hay justificación alguna para que el Gobierno obligue a la Seguridad Social a pagar las pensiones con créditos en lugar de aportar por la vía de las transferencias del Estado los fondos que se necesitan.

Para el sindicato, el déficit actual de la Seguridad Social se debe no tanto a los efectos de la crisis, que solo fue el desencadenante, sino a un pernicioso funcionamiento del mercado laboral, agravado por los efectos de las reformas laborales.

La enorme destrucción de empleo en España no tiene parangón con la registrada en la UE, donde el empleo ha caído durante la crisis mucho menos que el PIB, al contrario de lo que ha sucedido en España, incluso si se descuentan los efectos de la burbuja inmobiliaria.

Además, con la reforma laboral de 2012, la destrucción de empleo se aceleró porque esta reforma favoreció por todas las vías posibles los despidos. Una reforma que ha provocado la devaluación de los salarios, una de las mayores de Europa, generando una segunda causa de hundimiento de los ingresos de la Seguridad Social.

Y, por último, la citada reforma laboral ha implantado un modelo de creación de empleo degradado, que ha ocasionado que los ingresos por cotizaciones de los nuevos empleos, una gran proporción de los cuales tienen salarios por debajo del umbral de la pobreza, aporten muchos menos recursos de los que deberían a la Seguridad Social.

Fruto de esas políticas es el hundimiento, primero, y la insuficiente recuperación, después, de los ingresos de la Seguridad Social.

El Gobierno no puede decir que no conocía los efectos sobre la Seguridad Social de una reforma laboral que promovía la destrucción de empleo, que originaba la devaluación salarial, y que impulsaba un sistema de creación de empleos de bajos salarios.

Además, UGT recuerda que el Ejecutivo, por otro lado, ha tenido más de cinco años para hacer frente al desequilibrio provocado por la caída de los ingresos de la Seguridad Social, pero, en lugar de adoptar las medidas necesarias, optó por consumir el fondo de reserva de la Seguridad Social, a sabiendas de que lo agotaba sin tomar medida alguna. De los 66.000 millones de euros de los que disponía el Fondo en 2011, el Gobierno ha consumido hasta el momento 54.400, más del 80%, en estos años. Una nueva disposición en este momento para la paga extra de diciembre de las pensiones dejará el Fondo al borde del agotamiento.

El Gobierno no escucha las propuestas de UGT para acabar con el déficit del sistema

Resulta injustificable que el Gobierno decida endeudar a la Seguridad Social cuando es consciente, porque así se lo hemos reiterado en numerosas ocasiones desde UGT, que la Seguridad Social está haciendo frente a una montaña de gasto que no le corresponde financiar a las cotizaciones sociales (políticas de fomento del empleo, gastos de administración y gestión, y decisiones de carácter político que determinan un desfase monumental entre ingresos y gastos de los regímenes y sistemas especiales que no responden a esquemas contributivos, en conjunto más de 13.000 millones de euros), que debería ser financiado por aportaciones del Estado. Al tiempo que se mantiene una injustificada y anacrónica exención de cotización de los salarios más elevados (por la existencia de bases máximas) que merman indebidamente los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social, en especial en el Régimen General, y que suponen entre 5.000 y más de 7.000 millones de euros. La regularización de todas estas cuestiones supondría una reducción de gastos y un aumento de ingresos de entre 18.000 y más de 20.000 millones de euros, con lo que desaparecería el déficit de la Seguridad Social.

Este proceso de regularización de las cuentas de la Seguridad Social y de clarificación de lo que no debería pagar y de lo que debería cobrar, no supondría incremento alguno del déficit del conjunto de las Administraciones Públicas, ya que tan solo entraña que el Estado se haga cargo de los gastos que le corresponden y libere a la Seguridad Social de los mismos.

Es decir, la Seguridad Social ha padecido un hundimiento de sus ingresos debido a un nefasto funcionamiento del mercado laboral agravado por las reformas adoptadas durante la crisis; el Gobierno, con conocimiento pleno de las consecuencias de esas reformas sobre los ingresos de la Seguridad Social, prefirió obviarlo y consumir el Fondo de Reserva; se mantiene un sistema de financiación de la Seguridad Social basado en que esta haga frente a múltiples gastos que no le corresponden e impedir que perciba los ingresos por cotizaciones que le corresponden; y regularizar todo esto y liberar las cuentas de la Seguridad Social del déficit actual no implicaría aumentar el déficit total del conjunto de las AAPP.

En lugar de hacer frente a todo ello, o cuando menos sufragar el déficit actual de la Seguridad Social mediante la correspondiente transferencia de recursos de los PGE, la obcecación del Gobierno prefiere mantener el impropio déficit de la Seguridad Social y endosarle a esta un crédito, una deuda con el Estado, por importe de prácticamente 10.200 millones de euros. Como resultado de esta incalificable operación de ingeniería financiera, el Estado no solo no hace la transferencia de fondos, sino que se convierte en acreedor de una deuda de la Seguridad Social. No se decidía un endeudamiento de la Seguridad Social desde mediados de los años noventa, y entonces el Partido Popular en la oposición acusó al Gobierno de «quebrar» la Seguridad Social. Tan inadecuado fue aquel endeudamiento como este, y tan «quebrada» deja a la Seguridad Social como en aquel momento.

Por todo ello, UGT rechaza totalmente esta forma improcedente de gestionar las cuentas de la Seguridad Social y pedirá a los Grupos Parlamentarios que conforman el Pacto de Toledo que en las Recomendaciones que están elaborando prohíban expresamente que se endeude indebidamente a la Seguridad Social cuando el Estado no cumple con sus obligaciones.