• El incremento de las pensiones de viudedad, no es una concesión del Gobierno, sino una obligación establecida por ley y que UGT le ha exigido en numerosas ocasiones desde hace seis años

• La mayoría de las pensiones de viudedad están por debajo del SMI y en el umbral de la pobreza

• Es necesario que las pensiones se vuelvan a revalorizar conforme al coste de la vida, lo que exige la derogación de la ley del Gobierno de 2013

• El sindicato, exige, asimismo, eliminar el copago farmacéutico para, al menos, todas aquellas pensiones inferiores al Salario Mínimo Interprofesional

La aprobación del aumento de las pensiones de viudedad no es una concesión del Gobierno sino una obligación recogida en la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011 de 1 de agosto, por la que la base reguladora de la pensión de viudedad pasaba del 52% al 60%, para mayores de 65 años y que no perciban otra pensión pública. Una norma que el Gobierno ha suspendido «reiteradamente», hasta ahora, y que debía aplicar de «forma progresiva y homogénea en un plazo de ocho años, a partir del 1 de enero de 2012», tal y como establece la norma.

El Ejecutivo ha aplazado anualmente (lleva seis años de retraso) la entrada en vigor de esta medida, alegando que este incremento supondría un importante coste para el sistema de la Seguridad Social, que tiene una débil situación financiera. Una situación provocada por las propias políticas que ha implementado.

Algunos datos sobre las pensiones de viudedad y orfandad

• En España hay 2,3 millones de beneficiarios de pensiones de viudedad, 300.000 más que en 2000. Esto supone que el colectivo ha crecido un 16% en los últimos quince años. Además, hay otros 339.946 perceptores de pensiones de orfandad y 39.122 beneficiarios de una prestación en favor de familiares.

• El viudo o viuda cobra el 52% de la base reguladora del fallecido con carácter general. La ley obliga a que este porcentaje se eleve, al 70% de la base reguladora si se dan los siguientes requisitos: si el perceptor vive con hijos menores de 26 años o discapacitados a su cargo y los ingresos de la unidad familiar divididos en el número de miembros no superen anualmente el 75% del salario mínimo; que la pensión de viudedad sea la única fuente de ingresos (al menos el 50%) y que no tenga otros rendimientos por valor de una cantidad que se fija anualmente.

• En el caso de la orfandad y en favor de familiares, su cuantía es del 20% de la base reguladora del fallecido.

• Estos cálculos sitúan la pensión media de viudedad en 2015 en 630 euros al mes en catorce pagas; la cuantía media de las de orfandad es de 370,5 euros mensuales y el promedio de la de favor de familiares asciende a 517 euros.

• Dos de cada diez pensiones contributivas son de este tipo, el 70% son de jubilación y el 10% restante, de incapacidad.

• La edad media de las beneficiarias de pensiones de viudedad es de 73,4 años. Si bien hay 47 beneficiarios de entre 20 y 24 años y poco más de 455 menores de 29 años.

• Uno de cada tres beneficiarios de viudedad cobra complemento a mínimos porque con lo cotizado por su cónyuge no llegaría a la pensión mínima de su clase. Esto se eleva al 47% en los casos de orfandad y al 55% en los de favor de familiares.

• Cataluña es la comunidad que más gasta en pensiones de supervivencia, seguida de Andalucía.

Estos datos dejan a la mayoría de las pensiones de viudedad por debajo del SMI y en el umbral de la pobreza, lo que revela la urgencia de esta medida, que permitirá mejorar la calidad de vida de estos pensionistas.

No obstante, es necesario actualizar todas las pensiones, conforme al IPC, lo que exige la derogación de la reforma las pensiones de 2013 impuesta por el Gobierno y que condena a los pensionistas presentes y futuros a una pérdida continua de su poder adquisitivo.

El sindicato, exige, asimismo, eliminar el copago farmacéutico para, al menos, todas aquellas pensiones inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, pues supone un grave recorte en su poder adquisitivo.

Por otro lado, UGT seguirá velando para que las pensiones de viudedad y orfandad permanezcan en el Sistema de Seguridad Social, pues son pensiones de carácter contributivo y sacarlas del sistema, financiándolas vía impuestos, además de ser injusto, sería ir en contra de la ley y ponerlas en un claro riesgo.

Por último, el sindicato insta al Gobierno que deje de hacer anuncios en solitario y busque los consensos en el marco del diálogo social y el Pacto de Toledo para garantizar un Sistema Público de Pensiones que permita vivir dignamente a nuestros mayores.