UGT pide un reconocimiento de toda la deuda acumulada en estos últimos años para los empleados públicos

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El viernes, 11 de septiembre, se publicó el Real Decreto 10-2015 en el que se contempla un paquete de medidas que aligeran el expolio que han sufrido los empleados públicos en los últimos 5 años. La FSP-UGT considera insuficientes estas medidas, ya que no suponen una recuperación sustancial de todo lo que se les ha quitado en estos años.

UGT pide un reconocimiento de toda la deuda acumulada en estos últimos años para los empleados públicos. Hay que tener en cuenta que la aplicación de este nuevo decreto no contempla el retorno de la paga extra a todos los empleados públicos sino que es de aplicación directa a los empleados la AGE (un 8% del total de trabajadores) y en el caso del resto de administraciones obliga a iniciar un proceso de negociación con el fin de aplicar estas medidas – en función de la voluntad política y de las posibilidades económicas de cada administración-.

La FSP-UGT de Cataluña ha pedido al Gobierno que imponga la devolución para todos y todas. No aceptamos de ninguna manera que el Gobierno Central quiera transmitir la idea de que estas medidas son una mejora de las condiciones laborales cuando en realidad es una mínima devolución de lo que nos han quitado. Estas medidas se han tomado de forma unilateral obviando el proceso de negociación colectiva sin propuestas previas ni diálogo con las organizaciones sindicales, con miras electoralistas e intentando utilizar las empleadas y los empleados públicos como moneda de cambio. Han destruido miles de puestos de trabajo en los servicios públicos y la oferta pública de empleo está muy lejos de reparar esta destrucción, y por tanto, continúa con el deterioro de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía.

UGT ya venía exigiendo que todas estas medidas sean de carácter básico y se apliquen a todas las administraciones, es decir, de la misma manera que se aplicaron los recortes de 2010 y 2012. Por lo tanto, piden una negociación real en la Mesa General de las Administraciones públicas y una recuperación de nuestros derechos.