La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se cubre de gloria con sus trabajadores. Ya no solo se caracteriza por una pésima gestión de la actividad penitenciaria y por una nefasta política de recursos humanos… No solo se caracteriza por conculcar la legislación sobre igualdad y el derecho a conciliar la vida laboral y familiar o la normativa sobre la salud laboral… Ahora intenta silenciar la voz de sus trabajadores que de forma libre y pacífica expresan el hartazgo por el déficit de personal en las prisiones españolas, por la ausencia de concursos de traslados, por el proceso de privatización de II.PP., por la congelación salarial durante años, por la ausencia de una carrera administrativa, por la falta de una defensa desde la Institución Penitenciaria de la dignidad y profesionalidad de los funcionarios y laborales de prisiones…

Por el simple hecho de que un trabajador aplauda en calle Alcalá al Secretario General de II.PP., sin proferir ningún insulto, la Inspección Penitenciaria, que se está convirtiendo en un órgano represor de los empleados públicos penitenciarios, le abre una información reservada y le cita a declarar. Pero ¿a dónde hemos llegado? Esta es la forma arrogante y despótica que tiene el señor Yuste de gestionar la Institución Penitenciaria, machando literalmente a cualquier trabajador que se exprese libremente de forma discordante con la Dirección de la II.PP. Ya está bien señor Yuste!!! A UGT-prisiones no nos da usted ningún miedo. Y vamos a seguir ejerciendo el derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de la Constitución Española: el derecho a expresar y difundir los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de comunicación. Lo que tiene que hacer usted señor Yuste, por dignidad, es dejar la Institución Penitenciaria porque esta censura y esta política del miedo en un Estado de Derecho no tienen cabida.

Desde UGT-prisiones queremos expresar nuestro apoyo y nuestra solidaridad con el funcionario que ha sido llamado a declarar ante la Inspección Penitenciaria por expresar su opinión de forma respetuosa en la vía pública.