El Gobierno central estudiará aplicar la semana laboral de 35 horas en el sector público el año que viene. Tres días después de anunciar un recurso al Tribunal Constitucional contra el decreto que permitió a la Junta devolver a sus trabajadores públicos las condiciones previas a la crisis, el Ejecutivo anunció ayer una medida similar. Fue el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, quien se refirió a esta propuesta y mencionó la posibilidad de incluirla en los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
Lo hizo en la reunión de la comisión de seguimiento de la Conferencia de Presidentes, celebrada en Madrid, el mismo día que Luis de Guindos, ministro de Economía, recordó en Málaga a la Junta que «no hay ningún país de Europa» donde los funcionarios trabajen 35 horas. Sin embargo, si se atiende a la disposición de Bermúdez de Castro, España formará parte tarde o temprano de esa anomalía en materia de jornada laboral, aunque el propio secretario de Estado reconoció que la reducción a 35 horas dependerá de cada sector. Tampoco parece demasiado reticente el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ayer trasladó en la mencionada reunión a Manuel Jiménez Barrios su voluntad de «evitar la conflictividad» con la Junta y la voluntad de explorar la aplicación de la semana de 35 horas en determinados sectores.
Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en Andalucía acordaron ayer el inicio de una serie de contactos y acciones ante «el malestar» y «la preocupación» existente tras el anuncio del Gobierno nacional de recurrir la normativa andaluza sobre la implantación de la semana laboral de 35 horas semanales para trabajadores públicos, al mismo tiempo que reclamaron al Ejecutivo central que no pida al Tribunal Constitucional (TC) la suspensión cautelar de la misma. Así lo expresaron en una reunión de «urgencia» con la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, para abordar las posibles acciones a tomar tras la decisión del Gobierno. El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT-A, Antonio Tirado, calificó el encuentro de «gabinete de crisis» para analizar la situación que deviene de este recurso al TC. De esta manera, avanzó que los tres sindicatos trasmitirán su posición en contra del mismo a los subdelegados del Gobierno en Andalucía y, dentro de sus posibilidades, al PP. «Este recurso supone mucho para los trabajadores públicos y para los ciudadanos, además de ser un derecho laboral, conllevaba una perspectiva de creación de empleo de 8.000-9.000 empleos, que eran estables y de calidad», lamentó. De igual manera, cada sindicato realizará gestiones a nivel federal para incidir en la decisión del Gobierno de recurrir esta medida andaluza.
