Los hechos acaecieron el pasado 30 de agosto en el módulo 2 del centro penitenciario Málaga-2. A primera hora de la mañana se efectúa un recuento ordinario para verificar el número de internos del departamento y proceder al cambio de turno de funcionarios. En ese momento un compañero de la prisión de Archidona  de servicio en ese módulo se percata del fallecimiento de un recluso. Los funcionarios del departamento procedieron según las instrucciones marcadas por la Secretaría General de II.PP., participando el hecho al jefe de servicios y este a su vez a la directora del centro que dio cuenta a la autoridad judicial.

 En se momento se procede al traslado del interno fallecido a una celda de la enfermería del centro, para esperar la personación de la autoridad judicial y de la policía científica para el levantamiento del cadáver. Todos los profesionales penitenciarios tenemos claro que la vigilancia y la custodia del cuerpo de interno fallecido compete a los funcionarios de II.PP. Sin embargo, la autoridad judicial de Archidona, de forma sorprendente e incomprensible, ordena a la Guardia Civil que asuma la vigilancia del cuerpo del preso difunto, obstaculizando que los funcionarios de ingresos pudieran llevar a cabo la reseña dactilar del interno fallecido  a los efectos de cursar su baja en los correspondientes programas informáticos de II.PP.

 Desde UGT-Prisiones, respetando en todo caso las resoluciones judiciales, queremos dejar claro que según la legislación penitenciaria vigente compete a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la vigilancia exterior o perimetral del los centros penitenciarios. La Ley Orgánica General Penitenciaria  en su disposición final primera únicamente prevé la intervención de los cuerpos de seguridad del Estado en casos de graves alteraciones del orden del centro, que obliguen a la autoridad penitenciaria a requerir la intervención de dichas fuerzas y  cuerpos de seguridad del Estado. Y en todo caso siempre se exige acuerdo de las Ministerios de Justicia e Interior dando cuenta a la Comisión de Justicia del Congreso.

 La situación vivida en el centro penitenciario de Archidona por el lamentable fallecimiento del interno y la injusta y esperpéntica actuación posterior ha generado un gran malestar en la plantilla, dado que se considera un ejemplo claro de intrusismo que cuestiona la profesionalidad de los compañeros de la cárcel de Archidona, profesionalidad y laboriosidad que se demuestra en el día a día del centro. Ya desde hace semanas hemos denunciado desde UGT-Prisiones que, según nos confirmó la dirección del centro penitenciario, la Guardia Civil se niega a asumir la vigilancia de barrera de la prisión, cuando entendemos que esa función les corresponde al ser vigilancia exterior o perimetral del establecimiento. Se está comprometiendo gravemente la seguridad la cárcel de Archidona, centro que presenta, desde su apertura, una alarmante falta de personal en todas las áreas: vigilancia, oficina, tratamental… Lo que hace imprescindible un refuerzo en la plantilla del establecimiento. Además desde UGT-prisiones entendemos que se cuenta con internos con graves problemas de adiciones y está casuística, en aras a evitar futuros fallecimientos por sobredosis, debe ser tenida en cuenta desde un punto de vista de programas y pautas de prevención y de tratamiento con este perfil de población reclusa.

 Desde UGT-Prisiones tenemos la intención de dar cuenta de la irregular situación vivida en la prisión de Archidona con ocasión del primer recluso fallecido a la Secretaría General de II.PP., Subdelegada del Gobierno en Málaga y al Juez Decano y Presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, a los efectos de que en supuestos futuros se proceda en la forma prevista en nuestro ordenamiento jurídico.