5º reunión implantación Papel Cero

5º REUNIÓN IMPLANTACIÓN PAPEL CEROUGT DENUNCIA EL COSTE PARA LA CIUDADANÍA DE LAS COMUNICACIONES TELEMÁTICAS

Una vez más no comparece ningún responsable político al grupo de trabajo del papel cero. Los dirigentes políticos del Ministerio de Justicia siguen sin dar la cara ante los representantes de los trabajadores.

Por ello UGT ha exigido hoy y manifestado a los técnicos del Ministerio que requeriremos una reunión con la presencia como mínimo de la Secretaría de Estado y del Secretario General.

Desde UGT hemos denunciado la falta de opacidad y de transparencia de los cursos de formación para el Expediente Judicial Digital en territorio Ministerio. Una vez más los Secretarios Coordinadores han actuado como auténticos sheriffs en sus provincias, ofreciendo estas acciones formativas, que conllevan una retribución específica, a algunos funcionarios que mantienen con ellos una afinidad y servilismo en detrimento de los demás funcionarios de la Administración de Justicia. ES INACEPTABLE.

UGT dice BASTA YA, no más campañas políticas y demagogia a costa de los funcionarios de la Administración de Justicia y de este servicio público que es un derecho fundamental. Ya que, al Ministro de Justicia, su Secretaria de Estado y el Secretario de Estado parece que le importa un bledo colapsar los órganos judiciales y endeudar más aún al país, con tal de tener algún programa político para las distintas campañas electorales.

Por todo ello desde UGT hemos exigido:

–      El pago de una productividad para todos los funcionarios por utilizar las comunicaciones telemáticas y la implantación del expediente judicial digital, ya que ello está implicando asumir una carga de trabajo muy importante.

–      La creación de un Cuerpo de Funcionarios informáticos para la Administración de Justicia para ayudarnos a resolver todos los conflictos.

–      La actualización de una vez por todas de Minerva a las reformas legislativas.

–      Que se amplíe el ancho de banda para que podamos trabajar sin cortes ni caídas de servidores.

–      La eliminación ya, de los datos personales que aparecen en los procedimientos de los funcionarios que los tramitamos.

–      La clarificación de estas nuevas funciones por Cuerpos.

–      Una solución para las Fiscalías que hasta el momento no están integradas y ello está generando más carga de trabajo a los funcionarios de los órganos judiciales.

–      Dotar de dos pantallas a aquellos puestos que atienden al público y donde se está implantando el expediente digital.

–      Salvaguardar todos los datos de los ciudadanos que constan en los procedimientos, ya que tal y como está ahora la situación existe una posibilidad muy alta de ser vulnerados.

–      El coste que está suponiendo esta implantación de la modernización de la Justicia para la ciudadanía, ya que lo que antes tenía que ser asumido por el sector privado (abogados y procuradores) ahora se realiza desde los órganos judiciales y por tanto es costeado por la Administración de Justiciay, por ende, por todos los ciudadanos.

–      La falta de interoperabilidad de los programas de gestión informática que complica aún más la situación y el trabajo.

–      La conexión de los IML con los órganos judiciales y fiscalías para poder realizar su trabajo.

Personal Laboral:

Peritos: realizarán sus peritajes desde la sede judicial electrónica.

Equipos Técnicos: aún están estudiando la manera de aportar sus informes a los procedimientos, no saben si será a través de Lexnet o bien a través de la sede judicial electrónica.

 Reunión tras reunión queda claro que la ambición política de los responsables de este Ministerio no tiene límites y aunque saben que de momento es inviable el Papel Cero continuarán adelante a cualquier precio.

Ya que a pesar de las deficiencias, improvisación y precipitación continuarán adelante implementando el Expediente Digital en muchas capitales de provincias del territorio ministerio.

Y una vez más, tenemos que presenciar como otro Ministro de Justicia del Gobierno del PP logra poner a todos los operadores jurídicos de acuerdo, como ya ocurrió con Gallardón, pues está claro que no hay medios ni técnicos, ni personales, ni económicos para la eliminación del papel en la Administración de Justicia.