El Ministerio del Interior tendrá que indemnizar con 5.220 euros a un funcionario de prisiones que fue herido por un recluso, que se declaró insolvente, cuando trabajaba en el Centro Penitenciario de La Moraleja, en Dueñas (Palencia), según ha decidido el Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Madrid.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, estima el recurso interpuesto por un funcionario de prisiones que resultó herido por un interno contra la resolución del Ministerio del Interior que le negó esa indemnización.
Los hechos tuvieron lugar en junio de 2014 en el módulo 11 del centro penitenciario de la Moraleja cuando el funcionario, en el ejercicio de sus funciones, intentó reducir a un recluso que tenía un arma blanca (un trozo de cristal) y como consecuencia sufrió un traumatismo cráneo encefálico con dos heridas inciso contusas.
El funcionario denunció el caso y reclamó daños y perjuicios y el Juzgado de lo Penal número 1 de Palencia falló a su favor dictaminando que debía recibir 2.700 euros por lesiones y 2.550 euros por secuelas, en total de 5.250 euros.
El condenado fue el recluso, que se declaró insolvente, por lo que el funcionario reclamó la cantidad al Ministerio de Interior que recurrió y se negó a pagarla.
Fue entonces cuando el funcionario interpuso el recurso contencioso administrativo ahora estimado a través de una sentencia judicial que, según el despacho de abogados Negotia, que ha llevado el caso, «crea jurisprudencia en el principio jurídico de indemnidad» que ha sido «negado sistemáticamente» al colectivo de funcionarios de prisiones.
A través de un comunicado de prensa, la abogada y socia del despacho, Isabel Palomino, ha explicado que en el caso de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, cuando se reconoce en una sentencia penal de daños en ejercicio de su actividad profesional y la correspondiente cuantía indemnizatoria, ante la insolvencia del responsable de dichos daños, son resarcidos casi inmediatamente por la Administración.
En cambio, los funcionarios pertenecientes a prisiones, cuyo riesgo es prácticamente el mismo que sus compañeros, tienen que acudir al Juzgado para ser resarcidos, porque la Administración no se lo reconoce directamente, con el coste económico y personal que supone.
De ahí la importancia de esta sentencia, que no es recurrible y que reconoce el derecho de un funcionario de prisiones herido en la realización de su trabajo y obliga a la Administración a abonar dicha indemnización.
