El Secretario General de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, Julio Lacuerda, ha participado en el curso de verano que organiza UGT Asturias. El tema del curso, “Recuperar el papel de las Instituciones”, le ha dado a Lacuerda la oportunidad de reflexionar sobre la necesidad de reforzar el papel de las instituciones vinculadas a los servicios públicos y denunciar el desgaste y el desprestigio que padecen por culpa de la manipulación y las políticas conservadoras.

El Secretario General de la FeSP-UGT ha denunciado que la inactividad y la pasividad frente al deterioro de las Instituciones hacen que la percepción negativa de la ciudadanía se consolide como algo inevitable e inherente, a las Instituciones más preciadas.  Y ha recordado que la historia política-institucional de nuestro país es la historia de una “casi continua reacción conservadora frente a impulsos de carácter progresista”. Así, cada impulso progresista tendente a mejorar las libertades y modernización del país y de las Instituciones que las garantizan, se ha visto contrarrestado por la reacción de la derecha, que no duda en erosionar el propio sistema democrático, mediante el desprestigio de dichas Instituciones, algo que hemos podido comprobar estas dos últimas legislaturas.

Es cierto –reflexionaba Lacuerda- que el paso del tiempo (38 años de Constitución) puede erosionar las Instituciones públicas diseñadas entonces. Pero peor es cuando estas son retorcidas por la acción premeditada de ponerlas al servicio de intereses partidistas nada legítimos. Haciendo un uso perverso de los valores constitucionales y provocando una deformación de las Instituciones en su propio beneficio.

La irresponsable estrategia mantenida estas últimas legislaturas por la derecha, sus imposiciones, autoritarismo, falta de transparencia, extensión de la corrupción, manipulación, etc., han hecho tambalear las Instituciones democráticas, generando una desafección creciente en la ciudadanía.

El correcto funcionamiento de las Instituciones, -incluso su existencia- ha estado tremendamente condicionado por la política económica del actual Gobierno en funciones. Basta echar un vistazo al Plan de Estabilidad de España para ser conscientes de lo dicho, pues parte de las medidas ejecutadas por el Gobierno para la reducción del déficit público consisten en la reducción/eliminación de gran parte de Instituciones de carácter social: Dirección General de Igualdad de oportunidades, el Plan Nacional sobre Drogas, el Observatorio de Salud de la Mujer, Consejo de la Juventud, etc.

Complementario al recorte económico, se ha producido un recorte de derechos basado en una serie de modificaciones normativas que ha afectado a todas las prestaciones esenciales de la ciudadanía: Educación, Sanidad, Justicia, Servicios Sociales, Dependencia, Pensiones, Desempleo, etc. que han deteriorado las Instituciones Públicas que los sustentan (Sistema Nacional de Salud, Sistema Público Educativo, Tribunales de Justicia, etc.). Cuestión que genera una gran inseguridad jurídica.

Esta degradación de las Instituciones de carácter social ha propiciado, en algunos casos, su sustitución por la iniciativa privada (poniendo en peligro la objetividad, neutralidad y objetividad). Así, según la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, las Administraciones Públicas (en 2014, último dato conocido) han celebrado 107.000 contratos para la privatización y externalización de funciones, por un importe de más de 24 mil millones de euros.

Los más de 400.000 puestos de trabajo destruidos en el Sector Público (unos 200.000 en las Administraciones Públicas), implican un grave deterioro de las Instituciones y los servicios públicos que desarrollan.

La participación institucional en los Servicios Públicos es más formal y protocolaria que real y efectiva, de tal manera que las reuniones de los distintos Consejos y Comisiones (Inem, Seguridad Social, Mutuas, Comité Consultivo del Interterritorial de Salud, Consejo Escolar del Estado, etc.) se limitan a un mero traslado de información, sin capacidad operativa alguna.

Frente a la debilidad creciente debe potenciarse una acción de fortalecimiento de las Instituciones presentes en los Servicios Públicos, que las dote de vigor y criterios no contaminados, tal y como ahora sucede, de intereses políticos, económicos, mediáticos, etc., contradictorios para su correcto funcionamiento. En una palabra, que vuelvan a generar confianza en la ciudadanía.

Julio Lacuerda ha cerrado su intervención en la mesa redonda lanzando una serie de propuestas destinadas a reforzar el bien uso democrático de las Instituciones y el Estado de Derecho:

• Actualizar el marco legal impulsando la adopción de la primera Ley de Participación Institucional.
• La Participación Institucional de los sindicatos no es ni puede ser un proceso de información e intercambio de opiniones sobre cada política concreta,  y debe consistir en la intervención, planificación, definición, desarrollo y gestión de una parte de las políticas públicas que, por su naturaleza, los poderes públicos han de abrir para que sean compartidas por las organizaciones sindicales.
• Consolidar un núcleo firme y exclusivo, delimitador de la participación sindical, inscrito dentro del contexto más amplio del derecho a la participación de la sociedad civil.
• Fijación de un listado de compromisos y obligaciones de las Administraciones Públicas y previsiones que permitan ejercer la participación institucional de los sindicatos con eficacia y exigencia, impidiendo los incumplimientos y el vaciamiento de la misma.
• Poner en valor el empleo público como la única garantía para la pervivencia de las Instituciones y los servicios públicos que prestan, en términos de calidad, objetividad y profesionalidad. Así pues, frente al clientelismo que pretenden otros, más empleo público.