La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha publicado un documento sobre los peores países en el mundo para las trabajadoras y los trabajadores. En él se analizan las condiciones del mercado laboral en el mundo y se concluye que el espacio democrático se va reduciendo cada vez más y se incrementa la influencia empresarial casi sin control.

En el documento se constata cómo se está restringiendo la libertad de expresión y se ataca con más virulencia las protestas por la defensa de los derechos: “…Incluso en países con una fuerte tradición democrática, como España, las autoridades reprimieron acciones de huelga pacíficas y procesaron a dirigentes sindicales de UGT, utilizando disposiciones legales franquistas”.

Se concluye que el trabajo decente con un salario digno está en franca decadencia y la desigualdad continúa en aumento. Los gobiernos y/o las empresas interfieren regularmente en los derechos laborales colectivos, o no garantizan plenamente aspectos importantes de dichos derechos. Existen deficiencias en la legislación y/o determinadas prácticas que posibilitan las violaciones frecuentes.

Los diez peores países para los trabajadores y las trabajadoras en 2018 son Argelia, Bangladesh, Camboya, Colombia, Egipto, Guatemala, Kazajstán, Filipinas, Arabia Saudita y Turquía.

Haití, Kenia, Mauritania, Macedonia y España tuvieron una peor clasificación en 2018, debido al aumento de los ataques contra los derechos de los trabajadores/as, tanto en la ley como en la práctica.

En el estudio, los países se clasifican en grupos de 1 a 5, dependiendo de la medida en que se cumplen los derechos laborales colectivos. Se han establecido 5 grupos con clasificaciones del 1 al 5, donde 1 es la mejor y 5 la peor clasificación que un país puede obtener. España está en el nivel 3, junto a países como Burkina Faso, Nepal, Ghana o Venezuela, entre otros.
Los derechos fundamentales son universales y todos los trabajadores del mundo deben tener acceso a ellos. Cuanta más alta sea la puntuación de un país, menos derechos tienen sus trabajadores a expresarse con una voz colectiva debido a la incapacidad del Gobierno para garantizar los derechos.

En nuestro país, destaca (página 39) la situación de los representantes de la Unión General de Trabajadores (UGT) que se enfrentaron a penas de hasta siete años de prisión por su participación en la huelga general de 2012. Fueron juzgados en virtud del artículo 315.3 del Código Penal español, una ley que data de la época franquista y rescatada por el  Gobierno del Partido Popular para acallar las protestas. Esta mañana hemos sabido que por fin han sido absueltos, pero han pasado seis largos años pendientes de ser encarcelados.

Las empresas que son señaladas como las que más vulneran los derechos de los trabajadores, entre otras, son Deliveroo, Samsung y Amazon.

Como concluye la secretaria general de la CSI, Sharan Burrow,”los trabajadores y sus sindicatos defienden derechos y libertades y se organizan para reforzar su poder y poner término a la violaciones y acabar con la codicia de las empresas. ¡¡Ya es hora de cambiar las reglas!!”.