«Es necesario un Pacto de Estado que garantice que la igualdad no esté al albur de ningún Gobierno» ha manifestado hoy la Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, durante su intervención en la jornada «10º Aniversario de la Ley de Igualdad», organizada por el Grupo Parlamentario Socialista. En este sentido, ha exigido un compromiso firme del Gobierno para desarrollar la Ley de Igualdad y los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios».

Antoñanzas ha demandado la apertura de la mesa de diálogo social para evaluar la ley (algo que establece la propia norma y nunca se ha hecho) y el desarrollo reglamentario de los planes de igualdad en las empresas. Ha manifestado que es urgente, además, «incrementar la vigilancia y control en las empresas, reforzando la Inspección de Trabajo; y derogar la reforma laboral, para que la negociación colectiva vuelva a ser un instrumento  esencial en la implementación de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres».

La Vicesecretaria general de UGT ha diferenciado dos etapas, los primeros años de la ley, donde se ha avanzado en términos de igualdad, y el frenazo sufrido desde hace más de 6 años, por las políticas de recorte  aplicadas por el Gobierno del Partido Popular, bajo la excusa de la crisis, y la falta de compromiso de muchas empresas.  «Se ha desregulado el mercado laboral y desmantelado el Estado de Bienestar. Los recortes en sanidad, educación, dependencia, etc. , todos ellos sectores de yacimientos de empleo de mujeres, han dejado sin efectividad una Ley, que hubiera podido significar un antes y un después en la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, en el ámbito laboral y social»- ha dicho.

Los datos constatan que no se ha avanzado en la igualdad en el empleo. Así, desde 2012 comienza un descenso continuado de la tasa de actividad de las mujeres;  la tasa de empleo femenino está en el 42,17%, por debajo de la de hace 10 años; la tasa de paro se ha duplicado desde 2006, situándose ya en el 21,38%; y la brecha salarial, que se redujo en los primeros años de la ley, ha vuelto a repuntar y se situó en el 23,25% en el año 2014.

Por otro lado, la temporalidad todavía es más alta entre las mujeres (26,40% frente al 25,74% de los hombres), el trabajo a tiempo parcial continúa siendo mayoritariamente femenino (72,17% de mujeres); y las prestaciones por maternidad se han reducido, de forma alarmante, mientras las excedencias por cuidado familiar (no retribuidas) se han incrementado enormemente, siendo precisamente las mujeres, en más de un 90%, las que toman estas excedencias, con los consiguientes perjuicios en sus carreras profesionales y de cotización.

Planes de igualdad

Antoñanzas ha destacado que «en estos 10 años, han sido muchas las dificultades para negociar los planes de igualdad, implementarlos y evaluarlos, puesto que al no haberse aprobado un reglamento que los desarrollara, estableciera obligaciones de contenidos mínimos, criterios para su negociación, y plazos para su implementación en las empresas, la forma en que se han desarrollado estos procedimientos ha irregular, escasa y muy desigual».

Además, la ley sólo obliga a aquellas empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras, y la gran mayoría de nuestro tejido empresarial está por debajo de esta cifra, por lo que UGT demanda un cambio para que sea obligatorio para empresas con menos trabajadores.

No obstante, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en febrero de 2017, había en nuestro país 4.312 empresas de 250 trabajadores y más, inscritas en la Seguridad Social, que ocupan a un total de 2.218.246 mujeres, y 2.279.108 varones. Y actualmente solo aparecen en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de ámbito estatal apenas 167 acuerdos sobre planes de igualdad.

Por otra parte, según datos de nuestro sindicato hasta hoy se han negociado y firmado en torno a los 350 planes de igualdad. Así, después de 10 años «un porcentaje muy bajo de empresas han cumplido con el deber de negociar un plan de igualdad».

Hay que resaltar, además, el hecho de que según dice la Ley, en caso de desacuerdo entre las organizaciones sindicales y empresariales, impera la voluntad empresarial. En este sentido, muy pocos planes de Igualdad han sido acordados.