La participación de las mujeres en UGT se remonta a finales del siglo XIX, cuando una minoría de mujeres muy activas se une a la lucha de la clase obrera. Con la revolución industrial, desaparecen los pequeños talleres familiares y las mujeres para subsistir, se ven obligadas a aceptar trabajos en condiciones inhumanas en jornadas de diez y doce horas con un salario muy inferior a los hombres. En 1891, el periódico El Socialista les daría la bienvenida como combatientes que con entereza y energía participan en las huelgas y manifestaciones. En el Congreso de UGT de 1932 se incluye la consigna “A igual trabajo, igual valor” y se aprueba bajar la cuota a las mujeres para facilitar su afiliación. Cuatro años después la afiliación femenina era de un 4%.

Desde el año 1888 en el que se funda UGT, la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres ha ido progresivamente cimentando los pilares de nuestra Organización, hasta convertirse en uno de los ejes centrales de la negociación y reivindicación sindical. Actualmente nuestras compañeras en la Federación de Empleadas y Empleados Públicos de UGT (FeSP-UGT) representan el cincuenta y tres por ciento de la afiliación y están presentes en todos los ámbitos de toma de decisiones. Sin embargo, la tendencia hacia la equidad social y laboral, a la que sindicalmente hemos contribuido, está sufriendo un importante retroceso, producido por las decisiones políticas en la gestión neoliberal de la crisis económica.

Los recortes en el Estado de Bienestar, a través de la reducción presupuestaria del gasto público en servicios esenciales, como sanidad, educación, asistencia social o dependencia, ha hecho que las Administraciones Públicas reduzcan su contratación y recorte los salarios, lo que ha repercutido directamente en un número importante de mujeres que optaban por esta salida laboral. Por otra parte, las mujeres se han visto obligadas a asumir, por el rol social que histórica e injustamente han ocupado, una parte importante de las prestaciones de cuidado y atención familiar que el Estado ha dejado de garantizar. Recordemos que la Ley de Dependencia ha sufrido una reducción de recursos y beneficios de un 14 por 100, paralizando el reconocimiento de los derechos y elevando los niveles de dependencia requeridos para obtener la prestación. Se ha reducido la inversión en educación infantil. Se han cerrado una gran parte de las escuelas rurales y eliminadas las becas de comedor y transporte.

A la vez que disminuía el gasto en prestaciones sociales y de cuidados, la reforma laboral del 2012 termina con las reducciones de cotizaciones por contratación de mujeres y adopta medidas que hacen más difícil la conciliación familiar, personal y profesional. Otro de los efectos perversos de las medidas de austeridad ha sido priorizar la contratación de empresas para la realización de servicios públicos, teniendo en cuenta el coste y no la calidad de la prestación que realizan, ni los derechos de la plantilla. O la promoción de empleos flexibles a tiempo parcial o autoempleo para las mujeres. Así como, el retroceso en políticas de igualdad, entre las que se encuentran las destinadas a la violencia de género, cuyos presupuestos han caído en más de un 26% desde el año 2010.

Las consecuencias son evidentes, tal y como indica el informe de UGT para el ocho de marzo, que sitúa en un 23,6% el paro femenino (España es el segundo país europeo, después de Grecia, con los niveles de desempleo femenino más alto). La ocupación a tiempo parcial también es mayoritaria para las mujeres. La desregulación del mercado de trabajo con empleo irregular, inestable, precariza-do en una sucesión de contratos puntuales con salarios bajos y jornadas parciales recae en mayor medida en los sectores feminizados entre los que se encuentra la sanidad y la dependencia, con especial incidencia en el trabajo a domicilio y en resi­dencias.